Ascendiendo al ¿Enemigo?

En el día de ayer, se produjo el ascenso a teniente general del Jefe del Ejército, Cesar Milani. El acto, que tuvo lugar en la Casa Rosada, estuvo encabezado por la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner. También estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich;  el ministro de Defensa, Agustin Rossi; el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo; el ministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

Mucha fue la controversia que se generó a partir de este ascenso. Y no es para menos. Desde que comenzó a comentarse que podía ser el nuevo jefe del Ejército, Milani recibió múltiples acusaciones referidas tanto a su patrimonio y un supuesto "enriquecimiento ilícito", como al rol que desempeño en la última dictadura cívico militar.  Con respecto a este último tema, denuncian que estuvo vinculado a la desaparición del soldado Alberto Ledo, en 1976. Por otro lado, Ramón Alfredo Olivera, quien estuvo detenido en un centro clandestino de La Rioja en 1977, denunció que fue Milani quien lo llevó a declarar ante el juez. Por último, Milani aparece en distintas documentaciones como integrante del Batallón de Inteligencia 601, dependiente de la Jefatura II del Ejército, entre 1978 y 1983.

La polémica fue tal que llegó a meterse dentro de las propias lineas del kirchnerismo. Horacio Verbitsky, periodista de Pagina 12 y presidente del CELS, había sugerido que Milani "dé un paso al costado" ya que no se había asegurado que los hechos que se le imputaban fueran falsos. Esta semana, luego de la aprobación del pliego del ascenso por parte del Senado, el CELS, presidido por Verbitsky, ratificó su impugnación ante la cámara alta  respecto a dicho pliego por la presunta violación de los DDHH llevada a cabo por Milani durante la última dictadura cívico militar. Por otro lado, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto salieron a respaldar al militar en cuestión.  La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo declaró que "Se deben probar los delitos antes de acusar, porque hay una presunción de inocencia en todas las leyes argentinas”, y que es necesario que “el caso de Milani lo resuelva la Justicia”.

A lo largo de esta década, el gobierno kirchnerista se caracterizó por realizar muchas acciones relacionadas con los Derechos Humanos, que brutalmente fueron violados durante la última dictadura cívico militar. Recuerdo la imagen del ex presidente Nestor Kirchner, quien, allá por 2004, ordenó bajar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, que estaban colgados en una de las galerías del Colegio Militar de El Palomar. Como olvidar aquel 21 de agosto de 2003 en el que el Senado convertía en ley la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, más conocidas como "las leyes de la impunidad", que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. Podríamos recordar muchos momentos más. 

Una década después, me pregunto que pasó con esa linea política. Si bien Estela de Carlotto tiene razón al decir que se deben probar los delitos, no considero correcto que alguien como Milani, con semejante acusación sobre sus hombros, se haga cargo del Ejército Nacional. Primero, debe actuar la justicia y confirmar o desestimar los delitos que se le imputan. No podemos quedarnos con la simple presunción de su inocencia como único requisito para ocupar un puesto tan delicado. Si así fuera, si nos quedaramos con eso y los delitos realmente fueran ciertos, quedarían impunes, sin respuesta ni justicia alguna. Esto significa, quizás, un retroceso en la política de DDHH que se llevó a cabo a lo largo de esta década. Significa un retroceso en nuestra joven democracia, donde para avanzar se deben resolver primero las impunidades que dejamos atrás. De este modo podremos confiar plenamente en nuestra democracia, y no cometer los mismos errores que previamente la debilitaron. Podremos no tropezar dos veces con la misma piedra.